El caso Roe contra Wade o Roe vs. Wade fue el litigio judicial ocurrido en 1973 en el que Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de una mujer embarazada para elegir abortar sin excesivas restricciones gubernamentales.^[1]​ Anuló muchas leyes federales y estatales sobre el aborto,^[2]​^[3]​ y provocó un debate nacional en Estados Unidos sobre si el aborto debe ser legal y hasta qué punto, quién debe decidir la legalidad del aborto, qué métodos debe utilizar la Corte Suprema en la adjudicación constitucional y cuál debe ser el papel de las opiniones religiosas y morales en la esfera política. El caso Roe v. Wade reconfiguró la política estadounidense, dividiendo a gran parte de los Estados Unidos en movimientos a favor y en contra del aborto, a la vez que activó movimientos de base en ambos bandos. El dictamen de Roe v. Wade fue anulado el 24 de junio de 2022 por la sentencia Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, dándole vía libre a los estados de restringir o inclusive, prohibir en su totalidad, el aborto. ^[4]​

La decisión se refería al caso de Norma McCorvey -conocida en su demanda con el seudónimo de "Jane Roe"- que en 1969 se quedó embarazada de su tercer hijo. McCorvey quería abortar, pero vivía en Texas, donde el aborto era ilegal, excepto cuando era necesario para salvar la vida de la madre. La remitieron a las abogadas Sarah Weddington y Linda Coffee, que presentaron una demanda en su nombre ante un tribunal federal de Estados Unidos contra el fiscal del distrito local, Henry Wade, alegando que las leyes de aborto de Texas eran inconstitucionales. Un panel de tres jueces del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas vio el caso y falló a su favor. El Estado de Texas apeló entonces esta sentencia directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En enero de 1973, el Tribunal Supremo emitió una decisión de 7 a 2 en la que dictaminaba que la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos proporciona un "derecho a la intimidad" que protege el derecho de una mujer embarazada a elegir si quiere o no abortar. Pero también dictaminó que este derecho no es absoluto, y que debe sopesarse con los intereses del gobierno en la protección de la salud de la mujer y la protección de la vida prenatal.^[5]​^[6]​ La Corte resolvió esta prueba de equilibrio vinculando la regulación estatal del aborto a los tres trimestres del embarazo: durante el primer trimestre, los gobiernos no podían prohibir el aborto en absoluto; durante el segundo trimestre, los gobiernos podían exigir regulaciones sanitarias razonables; durante el tercer trimestre, los abortos podían prohibirse por completo siempre que las leyes contuvieran excepciones para los casos en que fueran necesarios para salvar la vida o la salud de la madre.^[6]​ La Corte calificó de "fundamental" el derecho a decidir abortar, lo que obligaba a los tribunales a evaluar las leyes de aborto impugnadas bajo el criterio de "escrutinio estricto", el nivel más alto de revisión judicial en Estados Unidos.^[5]​

Roe fue criticado por algunos miembros de la comunidad jurídica estadounidense,^[7]​ algunos miembros de dicha comunidad han calificado la decisión como una forma de activismo judicial.^[8]​ La Corte Suprema revisó y modificó los dictámenes jurídicos de Roe en su decisión de 1992 Planned Parenthood v. Casey.^[9]​ En el caso Casey, la Corte reafirmó la posición de Roe de que el derecho de la mujer a decidir abortar está constitucionalmente protegido, pero abandonó el marco trimestral de Roe a favor de un criterio basado en la viabilidad del feto y anuló el requisito de Roe de que las regulaciones gubernamentales sobre el aborto se revisen bajo el criterio de escrutinio estricto.^[6]​^[5]​